viernes, 12 de abril de 2013

La PAH Málaga celebra la entrada en vigor del Decreto-Ley de la función social de la vivienda elaborado por la Junta de Andalucía


COMUNICADO DE PRENSA



La medida de expropiación de la "cesión de uso" de viviendas fue propuesta por la PAH Málaga hace un año y supone un paso para el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda recogido por la Constitución Española.

Viernes, 12 de abril 2013. Tras la aprobación y entrada en vigor del Decreto-Ley de la función social de la vivienda en Andalucía y a la espera de la elaboración del reglamento de desarrollo, la PAH Málaga se alegra de que gracias a esta medida miles de familias dejarán de estar en riesgo de exclusión habitacional en la Comunidad Autónoma. Recalcamos la importancia del traslado de las propuestas de la ciudadanía y la aceptación de las mismas transformándolas en una ley.

Dada la situación actual de emergencia habitacional sin precedentes en la que hay vidas en juego, esta propuesta se enmarca en la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional a una vivienda digna que recoge el artículo 47 de la Constitución Española. Por este motivo, es indispensable la intervención de las instituciones públicas en forma de "expropiación del derecho de uso", salvaguardando el "derecho de la titularidad", para hacer efectiva la función social de la propiedad manteniendo las viviendas ocupadas en vez de desahuciar a las familias abocándolas a la exclusión social. 

Este Decreto recoge, por un lado, la protección de deudores hipotecarios de buena fe en riesgo de exclusión social, poniendo en valor el derecho a la integridad física y psicológica de las familias. Por otro lado,  la obligación de poner en el mercado las viviendas desocupadas (entre 700.000-1.00.000) de las entidades financieras y personas jurídicas (promotoras, fondos de inversión, capital riesgo, etc.) para su efectiva ocupación que permitirá acceder  a un hogar a familias con dificultades económicas dada la crisis actual.

No obstante, y a sabiendas que el gobierno autonómico no tiene competencias, la solución al problema de fondo pasa por la condonación de la deuda ("dación en pago"), la paralización de los desahucios y el alquiler social; manteniendo a las familias en una estabilidad física y emocional en su hogar más allá de tres años.  Estas son los tres puntos que la PAH ha recogido en la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) y presentado al Congreso de los Diputados con un apoyo de casi un millón y medio de firmas.

¡SÍ SE PUEDE!
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