El pasado 28 de Junio la portavoz del gobierno de Mariano Rajoy
anunció la decisión del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional el Decreto Andaluz de
medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda, el llamado “Decreto
Antidesahucios”.
El Decreto-Ley 6/2013, de medidas para
asegurar la Función Social de la Vivienda, aprobado por el Consejo de Gobierno
de Andalucía el pasado mes de abril, introduce una serie de medidas destinadas a garantizar el derecho
al uso de una vivienda a las familias que no han podido hacer frente al
pago de su hipoteca por encontrarse en una situación de falta de recursos
sobrevenida, lo que se conoce como "deudor de buena fe", y en riesgo
de exclusión social por causas ajenas a su voluntad como consecuencia de la
crisis capitalista y estafa bancaria que estamos padeciendo en este país
provocada por los grandes poderes económicos y financieros.
Entre las
medidas aprobadas destacan la expropiación
del "uso de la vivienda" por un plazo de 3 años ante casos de
desahucios de familias en la situación referida, y un sistema de penalización
mediante el cual se multarán con una
cantidad de hasta 9.000 € aquellos pisos que permanezcan vacíos durante más de
6 meses en manos de personas jurídicas (bancos,
promotoras, inmobiliarias, etc.).
promotoras, inmobiliarias, etc.).
Dicho decreto es fruto de un masivo proceso de
movilización popular, sin precedentes en la historia
de este país, por el derecho a la vivienda, en el que millones de personas
participaron, por toda la geografía española, de las campañas, manifestaciones y acciones de distinto tipo para impedir el
desahucio de miles de familias, denunciar la estafa inmobiliaria y los abusos
de las entidades financieras así como exigir que se tomen medidas concretas
para garantizar el derecho a la vivienda como recoge el artículo 47 de la
Constitución Española y los distintos ordenamientos jurídicos autonómicos,
además de que cese de manera inmediata la vulneración de los derechos de los
consumidores que no han tenido posibilidad de defensa en
los Tribunales, ya que los desahucios que se están produciendo ahora son ilegales, fruto de procesos contrarios a la normativa Europea de Consumo, en particular a la directiva 13/93, como ha dicho en su reciente sentencia de 14 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
los Tribunales, ya que los desahucios que se están produciendo ahora son ilegales, fruto de procesos contrarios a la normativa Europea de Consumo, en particular a la directiva 13/93, como ha dicho en su reciente sentencia de 14 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las distintas
organizaciones y movimientos sociales que trabajamos por el derecho a una
vivienda digna en Andalucía, hemos
apoyado el Decreto de la Función Social de la Vivienda como un importante
primer paso en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los abusos
de las entidades financieras y la estafa bancaria, y seguimos insistiendo
en la necesidad de la declaración del estado
de emergencia habitacional, para que se continúe avanzando en ese camino y
se desarrollen medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todas
las personas.
Andalucía
atraviesa una situación dramática de
crisis con unas tasas de desempleo y unos niveles de pobreza y precariedad
en crecimiento, que señalan un escenario de emergencia social y habitacional
sin precedentes que exige medidas urgentes que pongan por delante los derechos
de la ciudadanía frente al beneficio de las élites financieras. Hay vidas en juego.
El recurso de
inconstitucionalidad presentado por el gobierno del Partido Popular, excusándose en las presiones y amenazas recibidas
contra el Decreto por parte de la Comisión de la Unión Europea, demuestran con
claridad que dicho partido responde ante
todo a los intereses de los poderes financieros que dominan esta instancia
europea, que no son otros que los acreedores internacionales de la banca
española. Y va en dirección contraria al camino elegido por otras Comunidades
Autónomas como Canarias o Navarra.
La situación es
extrema y dramática para muchas familias ya sin casa o amenazadas de desahucio,
lo que agudiza el carácter antisocial del recurso anunciado, por lo que desde
el Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda mostramos nuestro más
enérgico rechazo al recurso de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno
del Partido Popular y convocamos a todos
los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y España a movilizarse en contra de
cualquier medida de este tipo que suponga un paso atrás en el derecho a una
vivienda digna.
¡¡Sí
SE PUEDE!!
MOVIMIENTO ANDALUZ POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA
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